Ley de austeridad compromete aún más las funciones de centros de investigación | La Crónica de Hoy - Jalisco
Facebook Twitter Youtube Miércoles 15 de Mayo, 2019

Ley de austeridad compromete aún más las funciones de centros de investigación

Ley de austeridad compromete aún más las funciones de centros de investigación | La Crónica de Hoy - Jalisco
El Cinvestav sería una de las instituciones afectadas, puesto que sus investigadores son considerados funcionarios públicos. (Foto: Cinvestav)

Universidades, institutos y centros de investigación hacen un llamado al gobierno de la república y a legisladores para no aplicar indiscriminadamente el proyecto de Ley Federal de Austeridad Republicana, puesto que muchas de estas instituciones verían comprometidas sus actividades.

“Afectarían de manera inmediata la operación de los Centros Públicos de Investigación, los Institutos Nacionales de Salud y otros, como el IPN, el Tecnológico Nacional de México, El Colegio de México y el Cinvestav. Todos ellos forman parte del gobierno federal y contribuyen de manera fundamental, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como cabeza de sector, a la generación y divulgación del conocimiento científico y la formación de recursos humanos de alto nivel en beneficio de la sociedad mexicana”, señala un pronunciamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), realizado junto con los representantes de su mesa directiva.

“Desde hace muchos años no se ha logrado cambiar el perfil jurídico de los investigadores que trabajan en estas instituciones, lo cual no significa que deban tener una prestación especial, sino hacer la diferencia necesaria entre el trabajo que desempeñan y el de un servidor público”, señala, Julia Tagüeña, coordinadora del FCCyT.

Si bien el pronunciamiento reconoce la importancia de la austeridad y manejo eficiente de recursos en el gobierno, enfatiza a su vez la importancia de ciencia, tecnología e innovación como motor de desarrollo económico y sustentables. “Estamos de acuerdo en la búsqueda de la equidad, justicia y ahorro en el proceso, pero la ley puede tener diferentes capítulos donde se haga una distinción en el perfil de los investigadores, un tema legal que se mantiene pendiente desde hace tiempo”, añade la científica.

Entre las investigaciones que serían afectadas, refiere el pronunciamiento, se encuentran las relacionadas con diabetes, obesidad; salud mental y adicciones; derechos humanos, migración y presiones demográficas; estudios de riesgos geológicos, sísmicos y meteorológicos; cambio climático, su prevención y mitigación; generación de energías limpias; alimentación, agua y agricultura; enseñanza y educación; inteligencia artificial…, entre otras.

“Todas estas actividades pueden verse seriamente comprometidas si las medidas de austeridad previstas se aplican de manera indiscriminada, sumándose a la reducción sostenida que ha tenido el gasto público en materia de ciencia, tecnología e innovación. Con ello, México se retrasaría irremediablemente en la ruta por alcanzar un desarrollo nacional robusto y nos haría aún más dependientes de lo que sucede más allá de nuestras fronteras”.

INGRESOS. Por otra parte, la mesa directiva del FCCyT resalta su preocupación en las disposiciones planteadas en el proyecto de ley que prohiben a que los servidores públicos reciban estímulos adicionales a su salario asignado. Los científicos adscritos a dependencias federales son considerados funcionarios públicos.

Los salarios de los científicos, refiere, son compensados a través de estímulos vinculados a la evaluación de su productividad y desempeño. “Su eliminación significaría una gran pérdida en las remuneraciones del personal científico y tecnológico, con lo que se afectaría de manera grave la competitividad salarial y se dañaría severamente la capacidad de las instituciones de captar y retener al personal calificado que ha llevado décadas formar”.

Las instituciones hacen un llamado al Senado para que, en el marco de la discusión y el análisis del proyecto de ley, “se establezca un régimen específico para el sector de ciencia y tecnología e innovación (…), sin menoscabo del uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos, el desarrollo de sus actividades sustantivas en beneficio de la nación, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

A su vez, solicitan al Poder Ejecutivo “reducir los impactos negativos sobre los organismos y entidades públicas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación (…), así como establecer un régimen jurídico adecuado para los investigadores que laboran en la Administración Pública Federal. De esta manera se creará un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación robusto que contribuya al desarrollo sustentable e inclusivo de México”.

La buena noticia, refiere Tagüeña, es que la ciencia se encuentra ya dentro de las modificaciones realizadas al Artículo 3 constitucional, que la considera como un bien al que debe tener acceso la población. “Esto le otorga un peso diferente que no tenía antes, entonces se tiene que adecuar todo reglamento del sector; adicionalmente se espera que se defina ahora una ley general de ciencia, tecnología e innovación. Esto enmarca un panorama propicio para cambiar el perfil que deben tener los centros e investigadores”.

 

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